Firman: Roberto Chediack, Roberto Follari, Luis Triviño, Elsa Pizi, Jorge Barandica, Olga Ballarini, Ennio Fattiboni y Pedro Zalazar.
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22 de Febrero de 2008 22:27
Por una política democrática en Seguridad


"No nos compete a los ciudadanos comunes sino a la justicia, determinar cómo y cuál de ellos pudo cometer determinados actos delictivos. Pero - en cambio - es responsabilidad del Poder Político nombrar y reemplazar a los funcionarios; y para ello no se requiere de ninguna prueba judicial, sino sólo la clara voluntad democrática de no designar como funcionarios a quienes participaron en forma activa de la dictadura".
por Foro “Corriente de opinión ciudadana”
A fines de 1983 el país salía golpeado de la larga noche de la dictadura, que había dejado innumerables muertos, 30.000 desaparecidos, miles de encarcelados y más de un millón de exiliados; además de haber condenado al resto de los argentinos a vivir en el miedo y la censura.

Los juicios a las Juntas realizados en la primera etapa democrática, demostraron que la extrema violencia genocida del aparato represivo y su actuar de manera ilegal, no había sido episódica, casual o parcial. Respondía a un plan diseñado desde la cúpula de las FF.AA. y de Seguridad; era metódica y premeditada.

Nos acostumbramos a que la democracia se consolidara, y los personajes de la dictadura no reaparecieran a nivel de gobierno, con muy escasas y repudiadas excepciones. El respeto a las garantías constitucionales ha sido una de las principales pautas que corresponden al pleno ejercicio democrático con que hemos contado en estos años.

Últimamente, la larga lucha de los organismos de derechos humanos, a los cuales adherimos, ha encontrado eco institucional a nivel nacional e internacional, y los máximos responsables de la represión ilegal han sido condenados en su gran mayoría y otros están siendo juzgados.

Es por ello, que no puede ser más sorprendente la reciente designación por parte del Gobierno Provincial, en el Ministerio de Seguridad, de cinco personeros del aparato represivo de la dictadura, según lo denunciado por los medios periodísticos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, e incluso reconocido por uno de los imputados. No se trata entonces acá de una transferencia de responsabilidades por el solo hecho de haber pertenecido a las fuerzas de seguridad. Nadie, salvo aquellos que pretenden vendernos la ingenuidad como un valor, puede creer que los mandos de la dictadura militar elegían los integrantes de sus grupos de tareas “al voleo”. Se evaluaban minuciosamente sus antecedentes sico-profesionales y fundamentalmente sus principios ideológicos, para estructurar sus cuadros.

No nos compete a los ciudadanos comunes sino a la justicia, determinar cómo y cuál de ellos pudo cometer determinados actos delictivos. Pero - en cambio - es responsabilidad del Poder Político nombrar y reemplazar a los funcionarios; y para ello no se requiere de ninguna prueba judicial, sino sólo la clara voluntad democrática de no designar como funcionarios a quienes participaron en forma activa de la dictadura, lo cual es mucho más delicado aún, tratándose del ámbito de seguridad.

Merece mención aparte la defensa por parte del Ministro Aguinaga de los funcionarios por él elegidos, la cual no deja dudas de por qué proviene de un sector político que colaboró activamente con la dictadura y que lamentablemente han sido convocados por el actual poder ejecutivo.

La democracia requiere volver a plasmarse sin claroscuros en la Provincia, la cual debiera dejar de ser una triste isla ausente de lo que ocurre en el país. Todos queremos mejor seguridad para nuestra población; pero es un rasgo autoritario el confundir funcionarios de la represión, con personas aptas para promover esa seguridad pública.

Por todo lo anterior, esperamos que el Señor Gobernador tenga el gesto necesario de remoción de los referidos personeros de la dictadura, que de no darse, ofrece motivos para la permanente inquietud social y política en la Provincia.